Mitos y verdades de la causa "City Hotel": La acusación

 

RESUMEN DEL CONTENIDO DE ESTA PÁGINA

LA ACUSACIÓN

RESUMEN

• La acusación acerca de la “secta criminal” es falsa.

• El Instituto era una academia civil sin fines de lucro, no religiosa.

• Eduardo Nicosia era un profesor de Yoga y Vedanta, de excelente reputación, con formación desde su juventud.

• Los alumnos llegaban a su Instituto, recomendados por médicos, pagaban clases y no entregaban bienes ni rompían vínculos familiares.

• Los asistentes eran en su mayoría católicos y no se exigía cambiar su creencias.

• No había personas vulnerables captadas; algunos integrantes del Instituto eran familiares y amigos, no víctimas.

• El Instituto se financiaba con clases, libros y cursos, no con donaciones ni despojo de bienes.

• El edificio donde funcionaba en los años ‘70 se compró con dinero del padre del señor Nicosia; él incluso vendió su propio piano para sostener el proyecto.

• No existe evidencia de explotación laboral ni sexual.

• Los denunciantes de 2018 en su mayoría no trabajaron en el Instituto ni en la cooperativa del hotel.

• El dinero incautado en el allanamiento de 2018 pertenecía a la cooperativa City Hotel, no al señor Nicosia.

• Se denuncia una puesta en escena policial y judicial para las fotos de prensa.

• Nicosia murió sin recursos y su hija tuvo que costear el entierro vendiendo sus pertenencias.

MITO

“Los imputados formaban parte de una secta criminal de naturaleza religiosa, bajo la apariencia de un ministerio o grupo de yoga, con influencias de la filosofía hindú con la finalidad de captar y acoger a personas en situación de vulnerabilidad, con el propósito de reducirlas a servidumbre y lograr su explotación económica, sexual y laboral…”

REALIDAD

Si bien ya he narrado la historia del Instituto Yoguísticos Yukteswar, vale aclarar ciertos puntos brevemente para información del lector que aún no lo ha leído.

La “secta” a la que se refiere la acusación, nunca existió.

Si analizamos la palabra “secta” según su morfología como “sección de la sociedad”, para criterio del fiscal, el tradicional concepto de familia donde hay una “cabeza de hogar”, se consideraría una secta, por componerla un grupo de individuos con vínculos de afinidad y bajo una figura paterna.

Lo cierto es que la fiscalía utilizó el término, para endilgarle a este “sector” en particular, cualidades “criminales de captación” porque los imputados y sus seres queridos eran familiares y amigos.

El Instituto no era una secta ni una fachada, estaba concebido como una academia, una institución civil sin fines de lucro y no como institución religiosa. Su fundador, el señor Eduardo Agustín de Dios Nicosia (Swami Vivekayuktananda Saraswati), no era un improvisado o un “chanta”, como lo llamaron algunos periodistas, a los que el apodo les cae como anillo al dedo.

El señor Nicosia, era prácticamente un desconocido pero prestigioso profesor de Yoga y Filosofía Vedanta Advaita, cuya trayectoria no comenzó con el Instituto, sino que se había preparado en el conocimiento de esta ciencia desde temprana edad, aún conviviendo con su familia natal. El Instituto surgió como consecuencia de la alta demanda de un público interesado en la filosofía y práctica del Yoga como forma de vida, que buscaba seriedad, efectividad y la instrucción de un erudito en el tema, como lo era el señor Nicosia.

Nada tenían que ver la religión hindú o ninguna otra con el Instituto, sus integrantes o asistentes a las clases. Y aunque así hubiese sido, no habría nada de ilegal en ello, en un país que se jacta de su "libertad de culto". Cada quien tenía sus propias creencias y a nadie se le pedía cambiarlas. El Instituto no hacía discriminación de raza, sexo, estado civil ni religión, ya que uno de sus lemas era que todo ser humano está capacitado para la práctica del Yoga, el cual no se limita al Hatha Yoga, su rama más difundida comercialmente y por lo tanto desvirtuada.

La mayoría de la gente que pasó por el Instituto, provenía de familias cristianas y estaban bautizados en la religión católica, apostólica y romana. Incluso el hijo del señor Nicosia fue bautizado en esta religión, en una iglesia católica de la Parroquia de Chuao en Caracas, Venezuela, en los años 80.

Todos los asistentes al Instituto, eran personas que llegaban recomendadas por sus médicos particulares y se inscribían para tomar clases por motivos puntuales y personales: salud, bienestar, novedad experimental, curiosidad, entre otros.

No se entregaba nada a cambio por inscribirse, más allá del pago que cobraban los instructores por las clases de Hatha Yoga y algunos asistentes llevaban voluntariamente comida, tortas y panecillos dulces para sus profesores, a manera de agradecimiento. Si se hubiera tratado de una mera fachada, los alumnos no hubieran obtenido beneficios saludables como lo hacían, habrían existido denuncias por mala praxis o estafas y los asistentes hubieran disminuido en lugar de aumentar como lo hizo,  debido a la cantidad de recomendaciones que el Instituto recibía.

Aquellos que se dedicaron a formarse en la filosofía Yoga y la adoptaron como forma de vida, que se recibieron como instructores y pasaron a impartir las clases, no debieron dar bienes, ni sumas de dinero, ni rompieron la comunicación con sus parientes como bien lo saben todos sus familiares. Incluso algunos de ellos asistían a tomar clases y llegaron a tener una amistosa relación con el señor Nicosia.

Ninguno de los integrantes del Instituto provenía de familias en situación de vulnerabilidad.

El único que tenía sus orígenes en una familia de clase media trabajadora, era el propio Eduardo Nicosia, quien desde su adolescencia se había independizado y dedicado a trabajar y ganar su propio sustento. Eran sus amigos, de familias “bien”, que más tarde formarían parte del Instituto, quienes lo visitaban en su departamento en Capital Federal y mientras él atendía a sus pacientes, ellos abusaban de su hospitalidad consumiendo los comestibles de la heladera o invadiendo y ensuciando el departamento que luego el señor Nicosia aseaba personalmente, porque no estaba de acuerdo con el concepto de tener “servidumbre”.

El señor Nicosia no cobraba por sus conferencias o entrevistas particulares, sólo por las sesiones de terapia de digitopuntura o shiatsu. Vivía de los ingresos que él mismo generaba y mientras su salud se lo permitió, trabajó a la par y más aún, que aquellos que laboraban junto a él, creando proyectos en común y llegando hasta el punto del agotamiento, como bien podían dar fe los médicos que lo atendían, entre ellos quien fuera su médico de cabecera por más de 40 años y quien conocía perfectamente el tipo de trabajo que el señor Nicosia ejercía y cómo le afectaba su salud: el prestigioso Dr. Aldo De Paula, Jefe del Departamento de Gastroenterología del Hospital Italiano y del Hospital de Clínicas de la Ciudad de Buenos Aires.

El Instituto se mantenía con el dinero de las clases, la venta de libros, cursos y artículos relacionados. Es decir de los ingresos por el trabajo y no de limosnas o dádivas. El edificio de la sede, se compró con el dinero que le dio su padre, por la venta de un inmueble de su propiedad.

Es este tipo de acciones, como el amor de un padre y su ayuda económica en el emprendimiento de su hijo, lo que han tergiversado tanto los querellantes como el sistema judicial en la causa que hoy doy a conocer al decir que “los hacía despojarse de sus bienes”. Quien realmente lo hizo, fue el Señor Nicosia al haber vendido su propio piano Steinway, regalado por su abuela materna, con el cual estudió durante su infancia y que le permitió recibirse de Profesor, para invertir el dinero en su proyecto de difusión del Yoga ortodoxo.

El señor Nicosia, como muchos hacemos, siempre consideró el dinero como un recurso necesario, para el bienestar de aquellos que tenía a su cargo como fundador del Instituto, para su familia y para la inversión en nuevos proyectos, pero nunca lo acaparó. Se oponía rotundamente al trabajo esclavo y a la aceptación de dádivas, lo cual había incorporado como una cláusula en el estatuto del Instituto. Incluso cuando el dinero escaseaba, mientras él continuaba impartiendo clases, algunos de los integrantes trabajaban de remiseros en una conocida remisería de CABA, Remises Talcahuano, con coches que el señor Nicosia compraba de su propio bolsillo.

Para esa época no existía ninguno de los querellantes de la causa que nos ocupa, pero durante años, como bien evidenciaron a través de conversaciones en Facebook, se encargaron de averiguar acerca del dinero y bienes heredables de amigos y familiares propios y ajenos, con el fin de anexarlos a la lista de bienes a decomisar en la sentencia, bajo el argumento de que todo había sido “entregado a la secta” y que para poder “sanar y hacer sus vidas” necesitaban un resarcimiento económico.

En toda la historia de esta causa, no existe indicio o evidencia alguna de explotación laboral o sexual. Quienes hicieron la denuncia en el año 2018, nunca trabajaron en el Instituto y la gran mayoría no formó parte de la Cooperativa de Trabajo City Hotel Mar del Plata.

Al momento del allanamiento y su detención, el señor Nicosia no tenía otro domicilio más que el City Hotel, que ni siquiera era suyo.

La policía se llevó del establecimiento alrededor de $284.000 (pesos argentinos) que pertenecían a los casi 20 cooperativistas que trabajaban en el hotel. Era dinero que recién ingresaba en caja por el hospedaje de pasajeros y todavía no se había llegado a distribuir. Estaba guardado en el cuarto piso, porque en la oficina de planta baja habían entrado a robar varias veces. Además, el entonces Secretario de la cooperativa (uno de los hijos menores de la señora Capossiello y cómplice intelectual en la denuncia) sin el aval de los demás asociados, había incorporado a su novia, quien no formaba parte de la cooperativa, en las actividades financieras, administrativas y organizativas, que incluían el manejo de los ingresos por alojamiento y consumos en el restaurante del hotel.

Se llevaron $30000 (pesos argentinos) que tenía el señor Nicosia para pagarle a los profesores que daban clases de música, dinero que era aportado por los propios estudiantes del taller. Además había u$a100 dólares en billetes de 1 y alguna calderilla venezolana que había quedado en los bolsillos de quienes habían regresado de aquel país.

Durante el allanamiento, fue el secretario de Inchausti, Pablo Dallera, quien por teléfono daba órdenes a la PFA para que repitieran las tomas fotográficas y separaran bien los billetes, de manera tal que aparentaran una “gran cantidad” de dinero para las fotos de la prensa, a la que los “judiciales” se ocuparon de manejar.

Cuando el señor Nicosia falleció, no tenía ni para ser sepultado. No porque algún dinero le haya sido incautado en la causa. Todos los ingresos de su trabajo durante sus años laborables y los ahorros de su vida, los invirtió en sus seres queridos, sin guardar nada para sí.

Fue su única hija, quien debido a que el juez Santiago Inchausti la había dejado sin trabajo, logró darle digna sepultura vendiendo sus propios efectos personales.