EL JUEZ EN SU LABERINTO - Los mitológicos fundamentos de la sentencia
EL JUEZ EN SU LABERINTO
"Me da risa un ser humano juzgando a otro"
Friedrich Nietzsche
En la teoría, un juez es un ser humano común y corriente, un funcionario público asalariado que funge de árbitro neutral en un debate judicial.
En la práctica, los jueces de todas las instancias (al igual que los políticos) debido a su estancamiento en el poder que les da el dinero y el cargo, han perdido su perspectiva de la realidad, han perdido su humanidad y por lo tanto se han alejado de la sociedad, volviéndose incapaces de comprender al ciudadano común y sus problemas cotidianos. Como parte de su alejamiento, hablan y escriben en una jeringoza que requiere traductor (abogado), porque eso los distingue como ciudadanos de élite, con poder sobre la vida y la muerte de aquellos que consideran inferiores.
Y es que el ser humano no está capacitado para juzgar a otro ser humano. El juez, que no es un dechado de virtud ni mucho menos, es simplemente un ser humano que respira, come y hace sus necesidades como usted o como yo. Un ser humano con todos los defectos y virtudes (muchas veces más defectos que virtudes) que lo califican como tal, que interpreta la ley a través del filtro turbio de su falsa moral y sus prejuicios propios o adquiridos.
Según la teoría del procedimiento judicial, los jueces nunca leen los expedientes de las causas que llegan a sus manos. En base a la información recabada en el debate a través de los testimonios de las partes: fiscales, querellas, víctimas, imputados, testigos y abogados de la defensa, deben realizar un profundo análisis y aplicar su discernimiento para llegar a una conclusión ecuánime y por lo tanto, justa...
Nada más lejos de la realidad.
Con este análisis de personalidad en mente, pongamos en contexto la dogmática sentencia elaborada por Roberto Atilio Falcone y sus colegas de turno.
En lo que se refiere a su proceder en el caso “City Hotel”, la sentencia ya estaba elaborada aún sin ser redactada y los imputados habían sido condenados ante la opinión pública, antes de comenzar el juicio. Nunca hubo real intención de escuchar a las partes, sobre todo a la defensa.
Roberto Atilio Falcone, quien cuenta con varias denuncias bajo la alfombra, ejerciendo abuso de autoridad, valiéndose de su "poder" y de su autopercepción de científico de la ley, defensor de los derechos humanos, temido catedrático en la Universidad de Mar del Plata y amo y señor del Tribunal Oral de dicha ciudad, bajo una actitud hipócrita, solapada, prejuiciosa, racista, pero sobre todo misógina, déspota y tiránica, ocupó su trono en la sala del tribunal y cual personaje salido de una obra de Kafka, cumplió con la simple formalidad del debate, que no fue tal.
El 21 de junio de 2022, junto a sus colegas Fernando Marcelo Machado Pelloni y Nicolás Toselli, parieron el engendro macabro y asesino, que hemos dado en llamar “La sentencia en la causa City Hotel”.
Para llegar a este punto, hubo por supuestos pasos previos: una investigación, un allanamiento con detención, una acusación y una elevación a juicio. Todo esto estaría muy bien si realmente hubiera un crimen cometido y por lo tanto, perpetradores. Pero este no fue el caso. La "justicia impartida" en Mar del Plata por representantes de Justicia Legítima, no se maneja de esa forma.
Es sabido que cualquier investigación por trata de personas, requiere de por lo menos 2 años de indagaciones, infiltrados en las organizaciones investigadas y un movimiento de gente y dinero bajo pantallas "legales" que con algo de averiguación, se pueden desarmar. También es sabido que existen organizaciones internacionales, que subsidian a los sistemas judiciales de diferentes países y tendencias, por alcanzar una cantidad anual de condenas, conseguidas por este tipo de causas.
El caso que nos ocupa, no requirió más de 6 meses de supuesta investigación, los informes policiales no arrojaron resultados acordes al crimen investigado, el hotel llevaba por lo menos 30 años funcionando como tal y 15 como cooperativa, todo debidamente legalizado y fácilmente comprobable, primero por los miles de pasajeros que se alojaron en el hotel a lo largo de los años y luego por los respaldos legales de todas las instituciones del Estado que hacen al funcionamiento y habilitación de una Cooperativa. Y más tratándose de una tan transparente, que era considerada la "Cooperativa blanca de Mar del Plata".
Sin embargo, el juez Santiago Inchausti allanó, el fiscal Nicolás Czizik acusó, el fiscal Daniel Adler amplió el procesamiento y elevó a juicio y Falcone condenó.
Podemos concluir entonces, que cualquier ciudadano de a pie corre peligro de ser víctima de una causa que cubra las expectativas de estas organizaciones "judiciales", en este caso "Justicia Legítima", que llenan sus bolsillos con el dinero que estas causas armadas les dan y en nombre de la justicia usurpan bienes, terrenos y dinero a los imputados. Sólo hace falta una falsa denuncia y funcionarios ociosos que huelan una jugosa posibilidad de fama y fortuna.
Por lo tanto en este capítulo dedicado a la sentencia, iremos desglosando y desmintiendo cada una de esas etapas que llevaron a la condena, hoy en apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y cada fundamento basado en dichos y no en hechos, que utilizaron para respaldar lo que ya tenían pergeñado desde el vamos.
MITO
“Producida la prueba, en oportunidad de formular su alegato, el Ministerio Público Fiscal, representado por el Sr. Fiscal subrogante Fabián Celiz y el auxiliar fiscal Carlos Fioritti, luego de efectuar un análisis fáctico y jurídico de las probanzas, recibidas en la audiencia, dio por probados los hechos que se describen a continuación…”
REALIDAD
No hubo análisis “fáctico” en base a las supuestas “probanzas”, ya que tales, no existieron. Las “probanzas” a las que se refieren los sesudos fiscales, no fueron más que palabras interminables sin respaldo fáctico, salidas de las bocas de las autodenominadas “víctimas” y testigos de la fiscalía, sin una sola pericia psicofísica seria, lo cual fue propuesto por las defensas y negado por los funcionarios judiciales.
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